Dedicado a los estudiantes de la asignatura Derecho Ambiental, en cualquier facultad universitaria de Españistán

 

Me llamo Federico Moroder, exfuncionario de escala superior autonómica de Medio Ambiente. Te escribo ahora que tengo un rato libre, tras sucesivas y a menudo infructuosas reuniones burocráticas. En relación con la siega silvestre de CANTAUESSO (“Thymus moroderi”), debo informarte de que por desgracia la recogida individual de pequeñas cantidades de hierbas o pequeñas matas para autoconsumo no se considera un “aprovechamiento forestal”, aunque al rebujo de la mal llamada tradición recuperada también habrá quien coja más de lo que necesita. Genéricamente el aprovechamiento forestal ha de ser o bien con finalidad comercial, o bien una recolección individual masiva. Otra cosa es la suma de muchos miles de recolecciones individuales, y que encima se haya fomentado, bajo la pasividad de la Administración forestal. Tengo compañeros que escribieron un artículo denunciando este tema hace bastantes años, y les costó una buena reprimenda en la Consellería. Era políticamente incorrecto, porque contradecía la política municipal de Elche, gran bastión socialista, cuando gobernaba Lerma en la Generalitat. Qué tendría que ver una cosa con la otra, gobierne quien gobierne siempre han hecho igual! En fin, aquí se puede tocar cualquier cosa menos lo festivo, lo culinario y el fútbol. Y si el destrozo colectivo del territorio se convierte en fiesta, ya, sin comentarios.

Un saco entero no se puede considerar autoconsumo, obviamente. Por otra parte, los Ayuntamientos de más de 25.000 habitantes tienen competencias ambientales, y en ejercicio de varias legislaciones podrían ayudar mucho a frenar esas prácticas, como por ejemplo sucede con la vigilancia de parte de la Albufera de Valencia por parte de la Policía Local.

Asegurarse la disponibilidad de materia prima por parte de los sectores industriales implicados, es mucho más sencillo que sugerir al ingenuo concejal de turno de Medio Ambiente una repoblación silvestre en el monte municipal, pues basta con cultivar la planta ya que se obtiene mucha más biomasa. Pero donde esté la posibilidad de pagar a un furtivo que se la juega por su cuenta, es mucho más interesante económicamente porque no hay que pagar Seguridad Social, desaparecen los costes de cultivo, etc. No hay color, no es comparable. Lamentable.

Quizás algún compañero tenga que intervenir profesionalmente más adelante, pero desgraciadamente nuestros superiores les exigen ahora mantenerse a un lado en los pronunciamientos públicos. Hace bastante tiempo, un compañero realizó algo parecido aunque con medios más primitivos, decantándose contra unos furtivos habituales en un escrito publicado en un periódico. Meses después, cuando por fin fueron denunciados y se creía que tras muchos años detrás de aquella gentuza, iban a dar con los huesos en la cárcel, se solicitó un informe pericial y el Juez falló a favor de los delincuentes. Todo se echó a perder. La razón fue que recusaron todo el procedimiento por haberlos acusado públicamente previamente. Con ese desacierto procesal, se echó a perder el esfuerzo de muchas personas durante muchos meses. Éste puede ser un caso similar en el futuro, quién sabe.

Hay otros  medios, por supuesto. Quizás con tiempo y buenos argumentos, por medio de un artículo divulgado en alguna buena revista técnica o algo similar, a suscribir por investigadores de Universidades, pues para estos temas los Jueces y Fiscales consideran a los técnicos de la Administración como si fueran basura. La única palabra sacrosanta que les vale es la de las Universidades, pues es como si pudieran vestir de Ciencia a sus sentencias. En este sentido, parece ser que se han ido sumando voluntades de varios botánicos consagrados.

Sobre las más o menos conocidas áreas habituales de siega de este endemismo, se trata de una cuestión que debe ser supervisada por los Agentes Medioambientales, que son los únicos autorizados en la Consellería para interponer las denuncias. Se necesitan pruebas, grabaciones de la gente cortando la planta o cogiéndolos “in-fraganti”. Sería importante realizar alguna fotografía con la cámara o con el teléfono móvil. En el segundo caso, lo óptimo es que el móvil tenga el GPS activado, porque luego no vale como prueba si el archivo no lleva impreso en sus propiedades_EXIF, las coordenadas geográficas y la fecha. De lo contrario, como siempre, tumban las denuncias e incluso aperciben judicialmente o por vía interna a dichos agentes, por haber interpuesto denuncias insuficientemente fundamentadas. Mientras tanto, lo que pueden hacer, es intensificar la vigilancia en estos lugares, cosa que la verdad es que tampoco hacen.

Por otra parte, los Agentes Medioambientales no están autorizados a realizar inspecciones en las sociedades industriales que adquieren la materia prima. Sólo pueden hacerlo por sus competencias, las Consellerías de Comercio y de Industria, y en este último caso con dudas. Asimismo, se podría considerar la vía de que lo que está sucediendo es furtivismo, lo cual no es una conducta dependiente de la Administración, sino un delito penado con cárcel y por lo tanto dichas inspecciones en campo o en empresas corresponden a la Guardia Civil, Policía Nacional, y Policía Local. Y es que aunque los Agentes Medioambientales pueden interponer denuncias a pie de campo, posteriormente los Jueces suelen tumbarlas casi todas y se fían solamente del SEPRONA.

En definitiva, el furtivismo está calificado como un tipo de robo, y la parte medioambiental no les importa a los Jueces, aunque suelen solicitar a la Consellería de Medio Ambiente sus correspondientes informes de tasación de daños. En cualquier caso al furtivo no se le denuncia sin más, sino que lo habitual es denunciarlo, leerle sus derechos, y a continuación llevárselo esposado al calabozo. Luego, el Juez de guardia decide si se queda preso, aunque lo habitual es que si no ha ofrecido resistencia al SEPRONA o al correspondiente cuerpo de Policía, se le deja en libertad. Por eso es tan importante acusar con pruebas irrefutables.

En el caso de los comercios o las empresas, el asunto es más complicado. La mejor estrategia es detectarlos a través de las inspecciones de consumo, por comisión de fraude a la salud pública. Y es que se presupone que lo que se comercializa ha de ser absolutamente homogéneo, de manera que lo habitual es que declaren que compran a productores, lo cual a continuación debería ser comprobado por parte de los inspectores acompañados si fuera necesario por parte de la Guardia Civil o de algún cuerpo de Policía. Por ejemplo, quizás se les podría detectar fácilmente con la inspección realizada por un técnico de la O.M.I.C. (inspector oficial de comercio), acompañado por la Policía Municipal. Los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente también puede acudir simultáneamente, pero sin competencia o capacidad de presentar una denuncia, sino únicamente en calidad de peritos. Este aspecto es muy importante, pues los jueces tumban casi todo aquello que denuncie como presunto furtivismo, un Técnico o un Agente Ambiental, ya que no consideran relevante la opinión de la Consellería, sino que es necesario la presencia del SEPRONA para que empiecen a tomarse interés. Es una vergüenza, pero es literalmente así.

Las oficinas municipales de consumo han ayudado en muchas ocasiones en estos temas, y son un apoyo más a tener en consideración. De hecho, si no fuera por ellas, aún se seguirían vendiendo toneladas de acebo ilegal. Por otra parte, por supuesto que alguna parte de lo que se venda es ilegal, pero los comerciantes ya tomaron en consideración que les compensa comprarlo a proveedores autorizados. Con el “Thymus moroderi” aún habría mucho por hacer, y puede ser relevante divulgar el problema, debido a lo cual varios especialistas pueden ayudar a realizar un buen artículo para alguna revista de difusión. En cualquier caso, supongo que quizás tardaría un tiempo considerable, pero aún así se trata de revistas con un relevante prestigio científico que tienen muy buena acogida entre los conservacionistas, y eso catapulta bastante los mensajes. De hecho, las microrreservas se hicieron realmente populares, a partir de un artículo publicado en este tipo de revistas.

Por cierto = Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana

TITULO II: De la política forestal
Artículo treinta y uno
1. Los aprovechamientos forestales, cualquiera que sea la naturaleza del monte, requerirán la autorización de la administración, salvo los de leñas de coníferas, en que será suficiente la previa comunicación.

Artículo treinta y dos
La administración forestal podrá requerir a los transformadores y almacenistas de productos forestales que justifiquen el origen de las partidas, al objeto de comprobar las talas y demás aprovechamientos forestales.

TITULO VIII: Infracciones y sanciones
Artículo setenta y cuatro
1. Las infracciones leves se sancionarán con multas de 10.000 a 100.000 pesetas, las graves de 100.001 a 3.000.000 de pesetas, y las muy graves de 3.000.001 a 30.000.000 de pesetas, previo el procedimiento sancionador previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y demás normas de aplicación. Su cuantía se graduará teniendo en cuenta la repercusión de la infracción, la entidad económica de los hechos constitutivos de la misma, la reincidencia o la reiteración, el grado de intencionalidad de la persona responsable, así como la irreversibilidad del daño o deterioro producido en el bien protegido y el beneficio obtenido por su comisión, pudiendo superarse la cuantía máxima prevista para cada infracción hasta alcanzar este beneficio.
3. En todo caso, la Consellería de Medio Ambiente podrá ordenar el decomiso de los productos forestales ilícitamente obtenidos y…

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